El Gobierno de Chile anunció, este martes, que ingresará el requerimiento al Tribunal Constitucional (TC) para impedir que se promulgue la ley que está siendo tramitada en el Congreso y que busca permitir un tercer retiro del 10 por ciento de los fondos de pensiones. 

Tal como lo había anunciado, el Ejecutivo, a través del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, hizo oficial la presentación del documento para declarar inconstitucional este proyecto, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados y este jueves será votado por el Senado. 

“Es nuestro deber velar porque las reglas que actualmente nos rigen sean respetadas, es por eso que presentaremos un requerimiento al Tribunal Constitucional en relación a este proyecto, que atenta contra la calidad de vida de los chilenos en la vejez”, dijo Ossa.

Desde el gobierno insistieron en sus argumentos de que los parlamentarios no tienen facultades para presentar este tipo de propuestas y que un nuevo retiro de los ahorros previsionales afectaría a las futuras pensiones de los chilenos.

“Si bien nada es más fácil y popular para un gobierno entregar recursos, no sabemos cuánto durará esta pandemia y debemos ser responsables (…) Uno de los grandes anhelos de nuestros compatriotas ha sido mejorar suspensiones, cuestión que es casi imposible si se siguen retirando sus ahorros”, expresó Ossa.

En qué consiste el proyecto

Tal como fue aprobado por la Comisión de Constitución de la cámara baja, el texto legal establece que, excepcionalmente y en el contexto de la crisis sanitaria, los afiliados del sistema privado de pensiones podrán realizar un retiro de hasta el 10% de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual.

Como fue en el caso de los dos primeros retiros, los afiliados podrán retirar un máximo de 150 UF (4,3 millones de pesos) y un mínimo de retiro de 35 UF (un millón de pesos), en caso de que los saldos acumulados en la cuenta así lo permitan. En el caso de que los fondos sean menores, los afiliados podrán retirar la totalidad de sus fondos.

Durante el debate en la comisión, el gobierno volvió a hacer reserva de constitucionalidad al proyecto, lo que le permite llevarlo al TC en caso de que sea aprobado en la sala de la cámara y también en la sala del Senado.

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